A cinco días de la fecha prevista para su reunión debut, la comisión especial para la Reforma Política de la Provincia se topó con las primeras objeciones en el propio cuerpo colegiado.
El legislador Christian Rodríguez (del bloque Peronismo del Bicentenario) presentó ayer una nota al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para cuestionar la conformación del comité legislativo, cuyo objetivo es la revisión de la normativa que regirá en los comicios provinciales de 2019.
El martes, el titular de la Cámara dictó el decreto 29-HL-2016, mediante el cual dispuso la composición de la comisión especial. Además, Jaldo se designó a sí mismo como presidente del grupo de trabajo (algo que, según trascendió, había sido acordado con los jefes de bloque en la Labor Parlamentaria). Ayer, Rodríguez planteó su disconformidad con el instrumento en cuestión.
El peronista disidente advirtió que la mesa de autoridades de la Legislatura, integrada por los oficialistas Julio Silman (titular subrogante del cuerpo) y Guillermo Gassenbauer (vicepresidente 1°) y por el radical Ariel García (vicepresidente 2°), fue incluida “de manera arbitraria” en el comité.
Al respecto, Rodríguez indicó que esos cargos legislativos no figuran en la resolución sancionada en la sesión del 1 de septiembre pasado, que reza: “créase la comisión especial para la Reforma Política, la que estará integrada por un legislador por cada partido político con representación parlamentaria”.
Con ese argumento, el peronista disidente manifestó también su rechazo a la participación de Jaldo como presidente del equipo parlamentario.
También puso de manifiesto que el vicegobernador no elevó consultas formales a los partidos políticos con más de un representante en el cuerpo colegiado.
En este punto, la controversia radica en que Rodríguez anunció su designación por parte del partido Tucumán Para Todos; sin embargo, en el decreto N° 29-HL-2016 firmado por Jaldo fue incluida la legisladora Stella Maris Córdoba, presidenta del bloque Peronismo del Bicentenario.
Supuesta contradicción
Rodríguez, que responde al espacio político del intendente capitalino, Germán Alfaro (ApB), también marcó una supuesta contradicción entre la integración de la comisión especial y el texto de la resolución aprobada por unanimidad. Según el peronista disidente, al permitirse la participación de la mesa de autoridades de la Legislatura, se vulneró lo dispuesto por la normativa, que permite “un legislador por cada partido político con representación parlamentaria”.
Según Rodríguez, por el Frente para la Victoria estarían participando Silman y el alperovichista Marcelo Ditinis; mientras que por el Acuerdo para el Bicentenario lo harían García y el radical Raúl Albarracín. El peronista disidente sostiene que esto implica “una manifiesta falta de cumplimiento al único artículo” de la norma aprobada.
Por todos estos argumentos, el legislador Rodríguez solicitó que se deje sin efecto el decreto N° 29-HL-2016, e hizo reserva de concurrir a los tribunales en caso de que la respuesta no sea esa.
Tras las convulsionadas elecciones de 2015, el Gobierno provincial anunció la reforma del sistema político provincial.
El gobernador, Juan Luis Manzur, dio el puntapié inicial con la presentación del compendio “Tucumán Dialoga”, elaborado tras una serie de reuniones con dirigentes políticos y especialistas en materia electoral. El texto fue entregado en febrero al Poder Legislativo, que mantuvo bajo análisis la cuestión hasta septiembre, cuando dictó la resolución para crear la comisión especial.
El grupo de trabajo, según el decreto N° 29-HL-2016, estará compuesto por Jaldo como presidente; por los tres miembros de la mesa de autoridades de la Cámara; y por otros 17 legisladores que representan a diferentes partidos políticos.
Debido al sistema de alianzas que funcionó en los comicios de 2015, la integración del comité dejó dos “particularidades”: no dejarán su sello el Partido Justicialista (formó parte del Frente para la Victoria) ni la Unión Cívica Radical (integró la alianza opositora Acuerdo para el Bicentenario). Además, 14 de los 20 de los legisladores miembros de la comisión llegaron “acoplados” a fórmulas para gobernador del oficialismo o de la oposición.